La caída en Bolsa de las inmobiliarias conmociona a un sector que frena su crecimiento
LUIS DONCEL - Madrid - 29/04/2007
El país
Las palabras burbuja y pinchazo deben de haber sido esta semana las más pronunciadas en las habituales conversaciones sobre precios de pisos e hipotecas. El desplome en la cotización de las principales inmobiliarias el pasado martes refleja la sobrevaloración de unas empresas que, en algunos casos, habían registrado crecimientos anuales de más del 1.000%. Pero esto no es todo. Factores como la desaceleración del precio de la vivienda, con un crecimiento de sólo el 7,2%, y la subida continuada durante los últimos 18 meses de los tipos de interés conducen a la misma pregunta: ¿ha terminado, por fin, el boom inmobiliario?
Todos los expertos coinciden en deslindar lo ocurrido el martes en la Bolsa -un pánico en cadena generado por el derrumbe de la valenciana Astroc, que en una semana perdió dos terceras partes de su valor- de la evolución del sector inmobiliario real. Lo primero representa la explosión de "la burbuja de la burbuja", según las palabras de un analista; lo segundo responde a un panorama en el que el ritmo imparable de construcción de viviendas, unas 750.000 anuales durante la última década, ha acabado por saturar un mercado que ya parece estancado. Y los primeros en abandonarlo son los que habían invertido para especular, que son un tercio de los compradores totales de los últimos años.
Los expertos no prevén una crisis inmediata. Para que ésta llegara, debería caer en picado el empleo, algo que no se vislumbra. "Es muy difícil una catástrofe en un sector en el que el 90% de los activos está en manos de los particulares", apunta un analista.
En lugar del temido derrumbe, estamos ante una desaceleración de los precios que podría convertirse en un año en un estancamiento en términos reales. Es lo que predice el economista Julio Rodríguez, que compara esta situación con la vivida hace un año en Estados Unidos. La subida de tipos decidida por la Reserva Federal hizo que las viviendas iniciadas cayeran un 30%. Algo que no vendría mal en un país como España, donde el año pasado se iniciaron 800.000 viviendas y se vendieron 400.000 de nueva construcción.El fin del 'boom' inmobiliario
CUATRO PREGUNTAS (Y RESPUESTAS) CLAVE
1. ¿Me va a afectar el desplome bursátil?
No, al menos por ahora. Eso, claro, suponiendo que usted no tenga acciones de las empresas que han caído. El derrumbe de Astroc, que venía de la semana anterior, arrastró el lunes a las inmobiliarias moderadamente, y el martes con una violencia que redujo el valor de la mayoría por encima del 10%. Entre las más afectadas, Colonial y Urbas, que cedieron más del 12,5%.
El miedo prendió y, con las inmobiliarias, también perdieron posiciones constructoras como Sacyr y FCC, y bancos como Bankinter y el Popular. Desde entonces, la foto del martes se ha mantenido fija en lo esencial.
Según los analistas de Inversis, el mercado extrapoló la situación de Astroc, entidad a la que califican de "opaca", por lo que el virus se extendió al resto del negocio inmobiliario, al financiero e incluso a valores sin relación con el sector. Pero todos los consultados aseguran que las veleidades bursátiles no afectarán a la parte más terrenal del sector.
El gestor de fondos Patrick Sumner califica de "necesaria corrección" lo ocurrido, y asegura que el pequeño inversor que se había sumado a la euforia inmobiliaria ahora la abandonará.
2. ¿Es buen momento para vender?
Sí, cuanto antes mejor. Y si usted está pensando en comprarse una vivienda, sería aconsejable que esperara una temporada. Según los expertos consultados, si sumamos a la progresiva desaceleración de los precios el cada vez mayor endeudamiento de las familias, tendremos un panorama en el que aparecerán buenas oportunidades de compra. Y es que desde 1999 los españoles han casi triplicado su deuda con las entidades de crédito, hasta llegar a los 832.000 millones de euros del año pasado. Más del 90% de estos números rojos responden a la compra de una vivienda.
El asesor inmobiliario José Barta da una respuesta muy clara. "Un amigo que quiere vender su piso me preguntó si debía aceptar un precio un 5% inferior al que pedía. Yo le he respondido sin dudar que lo haga. Los vendedores van a tener que ajustar su oferta porque se presentarán situaciones con propietarios que tengan la necesidad de vender para conseguir liquidez".
El mismo consejo, pero a los que están al otro lado de la chequera, lo da el profesor José Manuel Naredo: "No parece un buen momento para comprar; es mucho más interesante alquilar".
3. ¿Hasta dónde va a llegar mi hipoteca?
Una persona que en abril de 2006 pagara 600 euros de cuota por su hipoteca a 25 años se deja hoy cada mes 670. Un 15% más en 12 meses. Y desde Francfort siguen sonando cánticos para aumentar los tipos de interés un poco más. Todos los analistas están convencidos de que Jean Claude Trichet, el presidente del Banco Central Europeo (BCE), subirá en julio un cuarto de punto para dejar los tipos en el 4%. Y casi todos apuntan a que a finales de año lo hará una vez más. Ahí llegará hasta el 4,25%.
¿Afectarán estas subidas al Euríbor, el tipo de cambio al que casi todo el mundo tiene referenciado sus hipotecas, que ya ha alcanzado el 4,3%? No, porque las revisiones de los tipos de interés ya están descontadas en el Euríbor actual.
Este índice recoge
la expectativa de lo que va a hacer el BCE. Fernando Hernández, de Inversis Banco, es de los que creen que Trichet dejará el tipo a finales de año en el 4,25%, ya que la zona euro no tiene serios problemas de inflación y la economía europea continúa fuerte. Si tiene razón, el Euríbor podrá subir ligeramente; si no, incluso podría bajar algo. La duda queda sobre su comportamiento del año que viene.
4. ¿En qué se nota el fin del 'boom'?
El síntoma más evidente es que los carteles de se vende pasan cada vez más tiempo colgados sin que nadie los retire. "Hace poco, las nuevas promociones se vendían sobre los planos; ahora, las inmobiliarias hacen regalos mejores cada día para atraer compradores", asegura el profesor de la Politécnica de Barcelona José Manuel Naredo. Y es que las ventas desde el verano han caído un 25%.
Ésta es la señal más clara, pero hay otras que demuestran cómo la pasión por el ladrillo que en la última década triplicó el precio del metro cuadrado está de retirada. Como las hipotecas inmobiliarias, que han crecido menos del 11%, mientras que hace un año lo hicieron un 26%. O las nuevas operaciones formalizadas, que a partir de septiembre de 2006 cayeron un 4,5%; y en los dos primeros meses de este año lo han hecho un poco más.
Y un último apunte. Naredo también recuerda que los principales empresarios del sector, como Florentino Pérez, presidente de ACS, diversificaron el año pasado su actividad hacia otros sectores. "Salieron porque sabían que la coyuntura iba a cambiar de tendencia; y en su lugar entraron otros inversores menos advertidos".
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domingo, 29 de abril de 2007
domingo, 28 de enero de 2007
«Hay un pacto de Estado para fomentar la corrupción, financia a los partidos políticos»
«El acuerdo se está rompiendo; un juez francotirador sacó un caso, y van otros en cascada, por la crispación política; pero volverá el silencio»
ALEJANDRO NIETO CATEDRÁTICO DE DERECHO ADMINISTRATIVO, EX DIRECTOR DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
Lucía S. NAVEROS
Alejandro Nieto, ensayista, catedrático emérito de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid y ex presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, tiene detrás de sí una carrera brillante, llena de títulos, honores y cargos oficiales. Pero no tiene pelos en la lengua. Ayer, Nieto estuvo en la ciudad invitado por IU de Oviedo para hablar sobre corrupción urbanística, un tema que ha desarrollado ampliamente en libros como «La corrupción en la España democrática» o «La organización del desgobierno».
-Su conferencia se titula «¿Existe un pacto de Estado sobre la corrupción urbanística en España?». ¿Existe?
-Sí, pero un pacto no para combatir la corrupción urbanística, sino un pacto político para tolerarla, silenciarla y fomentarla.
-Es una afirmación muy dura. ¿En qué se basa?
-Me remito a los hechos y a las consecuencias. Existe prácticamente en todos los municipios de España, y esta corrupción es sabida, tolerada. No hay nadie que ignore los disparates urbanísticos y el dinero que está corriendo. Esto hace suponer que hay un pacto para tolerarlo y también para fomentarlo. Esto sucede porque los partidos políticos necesitan de la corrupción para financiarse, es algo también sabido que gastan diez o veinte veces más de lo que legalmente ingresan.
-Su tesis implica que los controles internos de la Administración, los funcionarios que deben vigilar la legalidad, no lo hacen.
-Legalmente se les encomienda que vigilen, pero hay mecanismos de presión para evitar que cumplan con su deber. El sistema más sencillo es comprarlos, se les paga más de lo que se debe. A los buenos, a los dóciles, por unos caminos u otros se les aumenta el sueldo. Pero hay otro mecanismo que es más importante, que es la desmoralización: sus vetos, sus reparos, no se cumplen. Antes, cuando un secretario se oponía a una resolución administrativa, su veto era decisivo.
-¿Cuándo cree que se inicia esta situación?
-También es duro decirlo, pero creo que con la democracia. Desde Calvo Sotelo, en 1924, hasta la transición, los ayuntamientos no tenían autonomía. Un reparo de un interventor paralizaba la actuación sospechosa en horas o días. Cuando la democracia consagra la autonomía municipal, surge también su cara oscura: no hay un poder central que pueda intervenir ante estos casos, sólo queda la justicia, que es carísima y lentísima. Claro que hay funcionarios que quieren cumplir con su deber, pero no tienen fuerza para hacerlo. Sólo los funcionarios muy rigurosos y muy tercos siguen intentándolo, y así les va.
-Dice que hay un pacto secreto para silenciar la corrupción, pero empieza a ser frecuente en España ver a concejales y alcaldes procesados o en la cárcel. ¿Se ha roto?
-El pacto ha funcionado hasta el año pasado, pero en determinado momento saltó un caso, y han seguido otros en cascada. Hay muchos factores, pero destaco dos. Por un lado, surge un juez, un francotirador, que decide hacer justicia, algo poco frecuente. Dice, en mi Juzgado están pasando cosas horrorosas, por ahí no paso. Como en Marbella. El caso salta a la televisión y se monta un gran escándalo. Hay también una crispación política enorme, y alguno de los partidos puede llegar a la conclusión de que es más rentable políticamente romper el acuerdo. Eso está ocurriendo ahora, hay gran crispación política y los dos grandes partidos han roto el pacto, están como en un partido de fútbol: tu tienes tantos alcaldes procesados, tu tantos otros. Ahora sabemos que hay alcaldes socialistas corruptos, y también que hay alcaldes populares corruptos. El descrédito es enorme. Volverá a imponerse el acuerdo, porque les será más rentable. Harán las paces, y se volverá a tapar todo. Hay un caso muy bonito de pacto de corrupción en Cataluña.
-¿A qué se refiere?
-¿Se acuerda del 3 por ciento de Maragall? Saltó en todas las televisiones, pero no se ha vuelto a hablar de ello. Alguien le dijo, ¿de verdad quieres tirar de la manta? Y volvió el silencio. En las elecciones catalanas se habló de todo, pero no de corrupción.
-Considera, entonces, que es un mal endémico, del sistema.
-Sí, siempre lo ha habido, pero cada vez hay más, porque la moral pública tolera esto y lo que haga falta. Los grandes corruptos y corruptores son héroes populares, desde Gil y Gil a Julián Muñoz, gente de la prensa rosa. No hay reproche social ante esta conducta. Eso y la impunidad disparan el fenómeno.
-¿Y el papel de los jueces? ¿Hay independencia judicial ante esta situación?
-Tengo un libro entero sobre ese asunto. Digo que hay jueces independientes y honestos, pero mirando el colectivo creo que el poder judicial no es independiente. Todos los días hay peleas políticas para nombrar a tal o cual juez, en el Supremo, en el Consejo General del Poder Judicial... quien tiene al juez, tiene la sentencia.
-¿Qué solución ve?
-No doy ninguna receta.
-¿Ocurre en otros países europeos?
-Es un mal endémico, y claro que hay en todos los países de nuestro entorno, pero es como la epidemia de sida, que no afecta lo mismo a Dinamarca que en Camerún.
ALEJANDRO NIETO CATEDRÁTICO DE DERECHO ADMINISTRATIVO, EX DIRECTOR DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
Lucía S. NAVEROS
Alejandro Nieto, ensayista, catedrático emérito de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid y ex presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, tiene detrás de sí una carrera brillante, llena de títulos, honores y cargos oficiales. Pero no tiene pelos en la lengua. Ayer, Nieto estuvo en la ciudad invitado por IU de Oviedo para hablar sobre corrupción urbanística, un tema que ha desarrollado ampliamente en libros como «La corrupción en la España democrática» o «La organización del desgobierno».
-Su conferencia se titula «¿Existe un pacto de Estado sobre la corrupción urbanística en España?». ¿Existe?
-Sí, pero un pacto no para combatir la corrupción urbanística, sino un pacto político para tolerarla, silenciarla y fomentarla.
-Es una afirmación muy dura. ¿En qué se basa?
-Me remito a los hechos y a las consecuencias. Existe prácticamente en todos los municipios de España, y esta corrupción es sabida, tolerada. No hay nadie que ignore los disparates urbanísticos y el dinero que está corriendo. Esto hace suponer que hay un pacto para tolerarlo y también para fomentarlo. Esto sucede porque los partidos políticos necesitan de la corrupción para financiarse, es algo también sabido que gastan diez o veinte veces más de lo que legalmente ingresan.
-Su tesis implica que los controles internos de la Administración, los funcionarios que deben vigilar la legalidad, no lo hacen.
-Legalmente se les encomienda que vigilen, pero hay mecanismos de presión para evitar que cumplan con su deber. El sistema más sencillo es comprarlos, se les paga más de lo que se debe. A los buenos, a los dóciles, por unos caminos u otros se les aumenta el sueldo. Pero hay otro mecanismo que es más importante, que es la desmoralización: sus vetos, sus reparos, no se cumplen. Antes, cuando un secretario se oponía a una resolución administrativa, su veto era decisivo.
-¿Cuándo cree que se inicia esta situación?
-También es duro decirlo, pero creo que con la democracia. Desde Calvo Sotelo, en 1924, hasta la transición, los ayuntamientos no tenían autonomía. Un reparo de un interventor paralizaba la actuación sospechosa en horas o días. Cuando la democracia consagra la autonomía municipal, surge también su cara oscura: no hay un poder central que pueda intervenir ante estos casos, sólo queda la justicia, que es carísima y lentísima. Claro que hay funcionarios que quieren cumplir con su deber, pero no tienen fuerza para hacerlo. Sólo los funcionarios muy rigurosos y muy tercos siguen intentándolo, y así les va.
-Dice que hay un pacto secreto para silenciar la corrupción, pero empieza a ser frecuente en España ver a concejales y alcaldes procesados o en la cárcel. ¿Se ha roto?
-El pacto ha funcionado hasta el año pasado, pero en determinado momento saltó un caso, y han seguido otros en cascada. Hay muchos factores, pero destaco dos. Por un lado, surge un juez, un francotirador, que decide hacer justicia, algo poco frecuente. Dice, en mi Juzgado están pasando cosas horrorosas, por ahí no paso. Como en Marbella. El caso salta a la televisión y se monta un gran escándalo. Hay también una crispación política enorme, y alguno de los partidos puede llegar a la conclusión de que es más rentable políticamente romper el acuerdo. Eso está ocurriendo ahora, hay gran crispación política y los dos grandes partidos han roto el pacto, están como en un partido de fútbol: tu tienes tantos alcaldes procesados, tu tantos otros. Ahora sabemos que hay alcaldes socialistas corruptos, y también que hay alcaldes populares corruptos. El descrédito es enorme. Volverá a imponerse el acuerdo, porque les será más rentable. Harán las paces, y se volverá a tapar todo. Hay un caso muy bonito de pacto de corrupción en Cataluña.
-¿A qué se refiere?
-¿Se acuerda del 3 por ciento de Maragall? Saltó en todas las televisiones, pero no se ha vuelto a hablar de ello. Alguien le dijo, ¿de verdad quieres tirar de la manta? Y volvió el silencio. En las elecciones catalanas se habló de todo, pero no de corrupción.
-Considera, entonces, que es un mal endémico, del sistema.
-Sí, siempre lo ha habido, pero cada vez hay más, porque la moral pública tolera esto y lo que haga falta. Los grandes corruptos y corruptores son héroes populares, desde Gil y Gil a Julián Muñoz, gente de la prensa rosa. No hay reproche social ante esta conducta. Eso y la impunidad disparan el fenómeno.
-¿Y el papel de los jueces? ¿Hay independencia judicial ante esta situación?
-Tengo un libro entero sobre ese asunto. Digo que hay jueces independientes y honestos, pero mirando el colectivo creo que el poder judicial no es independiente. Todos los días hay peleas políticas para nombrar a tal o cual juez, en el Supremo, en el Consejo General del Poder Judicial... quien tiene al juez, tiene la sentencia.
-¿Qué solución ve?
-No doy ninguna receta.
-¿Ocurre en otros países europeos?
-Es un mal endémico, y claro que hay en todos los países de nuestro entorno, pero es como la epidemia de sida, que no afecta lo mismo a Dinamarca que en Camerún.
domingo, 14 de enero de 2007
¿Corrupción urbanística o corrupción del urbanismo?
FERNANDO GAJA I DÍAZ
* Arquitecto, profesor de urbanismo de la Universidad Politécnica de Valencia.
Acaba el año con la corrupción urbanística convertida en estrella mediática, después de tanto silencio; utilizada como arma arrojadiza en la lucha partidaria, con mucho ruido, pero con escasa reflexión sobre los motivos que la impulsan. La premura de los comentarios periodísticos no ha impedido que voces interesadas arrimen el ascua a su sardina reclamando la recentralización de las competencias urbanísticas, hoy en manos de los ayuntamientos, con el argumento de una supuesta mayor impermeabilidad de la Administración estatal o autonómica a la corrupción. Un planteamiento que no entra en el fondo de la cuestión: ¿cuáles son los motivos de la epidemia de corrupción urbanística que se extiende (casi) por doquier? Sin una reflexión sobre sus causas mal podremos proponer medidas, salvo que se trate de aprovechar el río revuelto para conseguir otro tipo de objetivos.
La corrupción urbanística está vinculada al hecho de que las decisiones de la Administración en esa materia generan inmensas plusvalías. Como por arte de magia, o cual milagro multiplicador de panes y peces, un acuerdo municipal que recalifique unos terrenos supone instantáneamente un aumento de su valor que desborda los márgenes de beneficio de cualquiera otra actividad o negocio. No hace falta invertir, ni producir nada; una simple decisión administrativa milagrosamente multiplica el precio del suelo. Y entonces, ¿por qué estas plusvalías que asombrosamente crea la Administración no son incorporadas a su patrimonio, máxime si estamos hablando de una Administración democrática que, como nos recuerda Hacienda cuando de cobrar se trata, somos todos?, ¿por qué se regalan a unos particulares que nada han hecho para apropiárselas? Ésta es la clave de la corrupción urbanística, su última ratio: una decisión de un organismo público hace que el precio de suelo multiplique su valor instantáneamente. Como cínicamente decía hace poco un concejal de Urbanismo pillado in fraganti en un pueblo de la Comunidad de Madrid, su voto no iba a ser gratuito, y añadía con total desparpajo, que si hay regalos para unos agentes urbanos -que nada han hecho para merecerlo-, él también quería participar.
El urbanismo moderno, el de la sociedad industrial, el único que tenemos y conocemos, se construye con el objetivo central de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, dotándolos de equipamientos, de las infraestructuras que mejoran el hábitat urbano. Eso justifica que la Administración intervenga y regule un sector económico del volumen y la fuerza de la construcción -pese a las reticencias y resistencias que ya en el siglo XIX se oponen-. Pero en el último cuarto del siglo XX estos principios fundacionales se han alterado, se han corrompido: el urbanismo deja de ser fundamentalmente un servicio guiado por el interés de los ciudadanos para transformarse en una potente herramienta al servicio del sector inmobiliario, su desarrollo, crecimiento y enriquecimiento. Si no entendemos este cambio, estaremos condenados a pensar que la corrupción urbanística, como patología social, es resoluble exclusivamente en términos de represión penal. Mientras el urbanismo sea conceptuado y gestionado como una máquina de enriquecimiento, de fomento económico, existirá la corrupción urbanística, porque ese negocio inmobiliario, a diferencia de otros, requiere la intervención de los poderes públicos, o los solares seguirían siendo campos o montes.
La corrupción urbanística no acabará mientras la práctica del urbanismo no recupere lo que fueron sus objetivos fundacionales, hoy abandonados. Los planes han dejado de preocuparse por la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos (¿quién se atreve a plantear hoy una intervención para hacer la ciudad más amable, más acogedora, más vivible?), y han sustituido estos objetivos que fueron los que dieron sentido y vida al urbanismo por otros: por la competitividad, la captación de inversiones, el marketing urbano? El análisis de lo que los anglos llaman key words (palabras claves) en los planes e intervenciones urbanísticas contemporáneos lo confirman plenamente.
Júntense las dos razones expuestas: un urbanismo que ha abandonado sus objetivos, su razón de ser, para ponerse al servicio del sector inmobiliario (el urbanismo a la carta preconizado en la LRAU), y la ausencia de mecanismos que permitan que las plusvalías generadas por las decisiones urbanísticas queden en manos de quien las toma, y la corrupción está servida. Pero no se hable de corrupción urbanística, ni se presente como un problema que deba ser combatido exclusivamente por vía de la represión penal. Estamos ante un proceso de perversión del urbanismo, una evolución que inevitablemente nos aboca a la corrupción inmobiliaria. La corrupción urbanística no es más que la consecuencia de la corrupción del urbanismo.
www.terracritica.org
* Arquitecto, profesor de urbanismo de la Universidad Politécnica de Valencia.
Acaba el año con la corrupción urbanística convertida en estrella mediática, después de tanto silencio; utilizada como arma arrojadiza en la lucha partidaria, con mucho ruido, pero con escasa reflexión sobre los motivos que la impulsan. La premura de los comentarios periodísticos no ha impedido que voces interesadas arrimen el ascua a su sardina reclamando la recentralización de las competencias urbanísticas, hoy en manos de los ayuntamientos, con el argumento de una supuesta mayor impermeabilidad de la Administración estatal o autonómica a la corrupción. Un planteamiento que no entra en el fondo de la cuestión: ¿cuáles son los motivos de la epidemia de corrupción urbanística que se extiende (casi) por doquier? Sin una reflexión sobre sus causas mal podremos proponer medidas, salvo que se trate de aprovechar el río revuelto para conseguir otro tipo de objetivos.
La corrupción urbanística está vinculada al hecho de que las decisiones de la Administración en esa materia generan inmensas plusvalías. Como por arte de magia, o cual milagro multiplicador de panes y peces, un acuerdo municipal que recalifique unos terrenos supone instantáneamente un aumento de su valor que desborda los márgenes de beneficio de cualquiera otra actividad o negocio. No hace falta invertir, ni producir nada; una simple decisión administrativa milagrosamente multiplica el precio del suelo. Y entonces, ¿por qué estas plusvalías que asombrosamente crea la Administración no son incorporadas a su patrimonio, máxime si estamos hablando de una Administración democrática que, como nos recuerda Hacienda cuando de cobrar se trata, somos todos?, ¿por qué se regalan a unos particulares que nada han hecho para apropiárselas? Ésta es la clave de la corrupción urbanística, su última ratio: una decisión de un organismo público hace que el precio de suelo multiplique su valor instantáneamente. Como cínicamente decía hace poco un concejal de Urbanismo pillado in fraganti en un pueblo de la Comunidad de Madrid, su voto no iba a ser gratuito, y añadía con total desparpajo, que si hay regalos para unos agentes urbanos -que nada han hecho para merecerlo-, él también quería participar.
El urbanismo moderno, el de la sociedad industrial, el único que tenemos y conocemos, se construye con el objetivo central de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, dotándolos de equipamientos, de las infraestructuras que mejoran el hábitat urbano. Eso justifica que la Administración intervenga y regule un sector económico del volumen y la fuerza de la construcción -pese a las reticencias y resistencias que ya en el siglo XIX se oponen-. Pero en el último cuarto del siglo XX estos principios fundacionales se han alterado, se han corrompido: el urbanismo deja de ser fundamentalmente un servicio guiado por el interés de los ciudadanos para transformarse en una potente herramienta al servicio del sector inmobiliario, su desarrollo, crecimiento y enriquecimiento. Si no entendemos este cambio, estaremos condenados a pensar que la corrupción urbanística, como patología social, es resoluble exclusivamente en términos de represión penal. Mientras el urbanismo sea conceptuado y gestionado como una máquina de enriquecimiento, de fomento económico, existirá la corrupción urbanística, porque ese negocio inmobiliario, a diferencia de otros, requiere la intervención de los poderes públicos, o los solares seguirían siendo campos o montes.
La corrupción urbanística no acabará mientras la práctica del urbanismo no recupere lo que fueron sus objetivos fundacionales, hoy abandonados. Los planes han dejado de preocuparse por la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos (¿quién se atreve a plantear hoy una intervención para hacer la ciudad más amable, más acogedora, más vivible?), y han sustituido estos objetivos que fueron los que dieron sentido y vida al urbanismo por otros: por la competitividad, la captación de inversiones, el marketing urbano? El análisis de lo que los anglos llaman key words (palabras claves) en los planes e intervenciones urbanísticas contemporáneos lo confirman plenamente.
Júntense las dos razones expuestas: un urbanismo que ha abandonado sus objetivos, su razón de ser, para ponerse al servicio del sector inmobiliario (el urbanismo a la carta preconizado en la LRAU), y la ausencia de mecanismos que permitan que las plusvalías generadas por las decisiones urbanísticas queden en manos de quien las toma, y la corrupción está servida. Pero no se hable de corrupción urbanística, ni se presente como un problema que deba ser combatido exclusivamente por vía de la represión penal. Estamos ante un proceso de perversión del urbanismo, una evolución que inevitablemente nos aboca a la corrupción inmobiliaria. La corrupción urbanística no es más que la consecuencia de la corrupción del urbanismo.
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