«El acuerdo se está rompiendo; un juez francotirador sacó un caso, y van otros en cascada, por la crispación política; pero volverá el silencio»
ALEJANDRO NIETO CATEDRÁTICO DE DERECHO ADMINISTRATIVO, EX DIRECTOR DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
Lucía S. NAVEROS
Alejandro Nieto, ensayista, catedrático emérito de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid y ex presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, tiene detrás de sí una carrera brillante, llena de títulos, honores y cargos oficiales. Pero no tiene pelos en la lengua. Ayer, Nieto estuvo en la ciudad invitado por IU de Oviedo para hablar sobre corrupción urbanística, un tema que ha desarrollado ampliamente en libros como «La corrupción en la España democrática» o «La organización del desgobierno».
-Su conferencia se titula «¿Existe un pacto de Estado sobre la corrupción urbanística en España?». ¿Existe?
-Sí, pero un pacto no para combatir la corrupción urbanística, sino un pacto político para tolerarla, silenciarla y fomentarla.
-Es una afirmación muy dura. ¿En qué se basa?
-Me remito a los hechos y a las consecuencias. Existe prácticamente en todos los municipios de España, y esta corrupción es sabida, tolerada. No hay nadie que ignore los disparates urbanísticos y el dinero que está corriendo. Esto hace suponer que hay un pacto para tolerarlo y también para fomentarlo. Esto sucede porque los partidos políticos necesitan de la corrupción para financiarse, es algo también sabido que gastan diez o veinte veces más de lo que legalmente ingresan.
-Su tesis implica que los controles internos de la Administración, los funcionarios que deben vigilar la legalidad, no lo hacen.
-Legalmente se les encomienda que vigilen, pero hay mecanismos de presión para evitar que cumplan con su deber. El sistema más sencillo es comprarlos, se les paga más de lo que se debe. A los buenos, a los dóciles, por unos caminos u otros se les aumenta el sueldo. Pero hay otro mecanismo que es más importante, que es la desmoralización: sus vetos, sus reparos, no se cumplen. Antes, cuando un secretario se oponía a una resolución administrativa, su veto era decisivo.
-¿Cuándo cree que se inicia esta situación?
-También es duro decirlo, pero creo que con la democracia. Desde Calvo Sotelo, en 1924, hasta la transición, los ayuntamientos no tenían autonomía. Un reparo de un interventor paralizaba la actuación sospechosa en horas o días. Cuando la democracia consagra la autonomía municipal, surge también su cara oscura: no hay un poder central que pueda intervenir ante estos casos, sólo queda la justicia, que es carísima y lentísima. Claro que hay funcionarios que quieren cumplir con su deber, pero no tienen fuerza para hacerlo. Sólo los funcionarios muy rigurosos y muy tercos siguen intentándolo, y así les va.
-Dice que hay un pacto secreto para silenciar la corrupción, pero empieza a ser frecuente en España ver a concejales y alcaldes procesados o en la cárcel. ¿Se ha roto?
-El pacto ha funcionado hasta el año pasado, pero en determinado momento saltó un caso, y han seguido otros en cascada. Hay muchos factores, pero destaco dos. Por un lado, surge un juez, un francotirador, que decide hacer justicia, algo poco frecuente. Dice, en mi Juzgado están pasando cosas horrorosas, por ahí no paso. Como en Marbella. El caso salta a la televisión y se monta un gran escándalo. Hay también una crispación política enorme, y alguno de los partidos puede llegar a la conclusión de que es más rentable políticamente romper el acuerdo. Eso está ocurriendo ahora, hay gran crispación política y los dos grandes partidos han roto el pacto, están como en un partido de fútbol: tu tienes tantos alcaldes procesados, tu tantos otros. Ahora sabemos que hay alcaldes socialistas corruptos, y también que hay alcaldes populares corruptos. El descrédito es enorme. Volverá a imponerse el acuerdo, porque les será más rentable. Harán las paces, y se volverá a tapar todo. Hay un caso muy bonito de pacto de corrupción en Cataluña.
-¿A qué se refiere?
-¿Se acuerda del 3 por ciento de Maragall? Saltó en todas las televisiones, pero no se ha vuelto a hablar de ello. Alguien le dijo, ¿de verdad quieres tirar de la manta? Y volvió el silencio. En las elecciones catalanas se habló de todo, pero no de corrupción.
-Considera, entonces, que es un mal endémico, del sistema.
-Sí, siempre lo ha habido, pero cada vez hay más, porque la moral pública tolera esto y lo que haga falta. Los grandes corruptos y corruptores son héroes populares, desde Gil y Gil a Julián Muñoz, gente de la prensa rosa. No hay reproche social ante esta conducta. Eso y la impunidad disparan el fenómeno.
-¿Y el papel de los jueces? ¿Hay independencia judicial ante esta situación?
-Tengo un libro entero sobre ese asunto. Digo que hay jueces independientes y honestos, pero mirando el colectivo creo que el poder judicial no es independiente. Todos los días hay peleas políticas para nombrar a tal o cual juez, en el Supremo, en el Consejo General del Poder Judicial... quien tiene al juez, tiene la sentencia.
-¿Qué solución ve?
-No doy ninguna receta.
-¿Ocurre en otros países europeos?
-Es un mal endémico, y claro que hay en todos los países de nuestro entorno, pero es como la epidemia de sida, que no afecta lo mismo a Dinamarca que en Camerún.
domingo, 28 de enero de 2007
viernes, 19 de enero de 2007
Detenidos el alcalde y concejal de Alhaurín el Grande por supuesta corrupción urbanística
En Málaga, en Alhaurín el Grande, el alcalde popular y su concejal de urbanismo han pasado la noche en dependencias policiales. Los registros se han prolongado durante toda la noche, doce horas de inspección ante la sorpresa de vecinos y enfado de los militantes del partido.La juez decreta libertad bajo fianza de 100.000 euros para el alcalde de Alhaurín el Grande.
domingo, 14 de enero de 2007
¿Corrupción urbanística o corrupción del urbanismo?
FERNANDO GAJA I DÍAZ
* Arquitecto, profesor de urbanismo de la Universidad Politécnica de Valencia.
Acaba el año con la corrupción urbanística convertida en estrella mediática, después de tanto silencio; utilizada como arma arrojadiza en la lucha partidaria, con mucho ruido, pero con escasa reflexión sobre los motivos que la impulsan. La premura de los comentarios periodísticos no ha impedido que voces interesadas arrimen el ascua a su sardina reclamando la recentralización de las competencias urbanísticas, hoy en manos de los ayuntamientos, con el argumento de una supuesta mayor impermeabilidad de la Administración estatal o autonómica a la corrupción. Un planteamiento que no entra en el fondo de la cuestión: ¿cuáles son los motivos de la epidemia de corrupción urbanística que se extiende (casi) por doquier? Sin una reflexión sobre sus causas mal podremos proponer medidas, salvo que se trate de aprovechar el río revuelto para conseguir otro tipo de objetivos.
La corrupción urbanística está vinculada al hecho de que las decisiones de la Administración en esa materia generan inmensas plusvalías. Como por arte de magia, o cual milagro multiplicador de panes y peces, un acuerdo municipal que recalifique unos terrenos supone instantáneamente un aumento de su valor que desborda los márgenes de beneficio de cualquiera otra actividad o negocio. No hace falta invertir, ni producir nada; una simple decisión administrativa milagrosamente multiplica el precio del suelo. Y entonces, ¿por qué estas plusvalías que asombrosamente crea la Administración no son incorporadas a su patrimonio, máxime si estamos hablando de una Administración democrática que, como nos recuerda Hacienda cuando de cobrar se trata, somos todos?, ¿por qué se regalan a unos particulares que nada han hecho para apropiárselas? Ésta es la clave de la corrupción urbanística, su última ratio: una decisión de un organismo público hace que el precio de suelo multiplique su valor instantáneamente. Como cínicamente decía hace poco un concejal de Urbanismo pillado in fraganti en un pueblo de la Comunidad de Madrid, su voto no iba a ser gratuito, y añadía con total desparpajo, que si hay regalos para unos agentes urbanos -que nada han hecho para merecerlo-, él también quería participar.
El urbanismo moderno, el de la sociedad industrial, el único que tenemos y conocemos, se construye con el objetivo central de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, dotándolos de equipamientos, de las infraestructuras que mejoran el hábitat urbano. Eso justifica que la Administración intervenga y regule un sector económico del volumen y la fuerza de la construcción -pese a las reticencias y resistencias que ya en el siglo XIX se oponen-. Pero en el último cuarto del siglo XX estos principios fundacionales se han alterado, se han corrompido: el urbanismo deja de ser fundamentalmente un servicio guiado por el interés de los ciudadanos para transformarse en una potente herramienta al servicio del sector inmobiliario, su desarrollo, crecimiento y enriquecimiento. Si no entendemos este cambio, estaremos condenados a pensar que la corrupción urbanística, como patología social, es resoluble exclusivamente en términos de represión penal. Mientras el urbanismo sea conceptuado y gestionado como una máquina de enriquecimiento, de fomento económico, existirá la corrupción urbanística, porque ese negocio inmobiliario, a diferencia de otros, requiere la intervención de los poderes públicos, o los solares seguirían siendo campos o montes.
La corrupción urbanística no acabará mientras la práctica del urbanismo no recupere lo que fueron sus objetivos fundacionales, hoy abandonados. Los planes han dejado de preocuparse por la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos (¿quién se atreve a plantear hoy una intervención para hacer la ciudad más amable, más acogedora, más vivible?), y han sustituido estos objetivos que fueron los que dieron sentido y vida al urbanismo por otros: por la competitividad, la captación de inversiones, el marketing urbano? El análisis de lo que los anglos llaman key words (palabras claves) en los planes e intervenciones urbanísticas contemporáneos lo confirman plenamente.
Júntense las dos razones expuestas: un urbanismo que ha abandonado sus objetivos, su razón de ser, para ponerse al servicio del sector inmobiliario (el urbanismo a la carta preconizado en la LRAU), y la ausencia de mecanismos que permitan que las plusvalías generadas por las decisiones urbanísticas queden en manos de quien las toma, y la corrupción está servida. Pero no se hable de corrupción urbanística, ni se presente como un problema que deba ser combatido exclusivamente por vía de la represión penal. Estamos ante un proceso de perversión del urbanismo, una evolución que inevitablemente nos aboca a la corrupción inmobiliaria. La corrupción urbanística no es más que la consecuencia de la corrupción del urbanismo.
www.terracritica.org
* Arquitecto, profesor de urbanismo de la Universidad Politécnica de Valencia.
Acaba el año con la corrupción urbanística convertida en estrella mediática, después de tanto silencio; utilizada como arma arrojadiza en la lucha partidaria, con mucho ruido, pero con escasa reflexión sobre los motivos que la impulsan. La premura de los comentarios periodísticos no ha impedido que voces interesadas arrimen el ascua a su sardina reclamando la recentralización de las competencias urbanísticas, hoy en manos de los ayuntamientos, con el argumento de una supuesta mayor impermeabilidad de la Administración estatal o autonómica a la corrupción. Un planteamiento que no entra en el fondo de la cuestión: ¿cuáles son los motivos de la epidemia de corrupción urbanística que se extiende (casi) por doquier? Sin una reflexión sobre sus causas mal podremos proponer medidas, salvo que se trate de aprovechar el río revuelto para conseguir otro tipo de objetivos.
La corrupción urbanística está vinculada al hecho de que las decisiones de la Administración en esa materia generan inmensas plusvalías. Como por arte de magia, o cual milagro multiplicador de panes y peces, un acuerdo municipal que recalifique unos terrenos supone instantáneamente un aumento de su valor que desborda los márgenes de beneficio de cualquiera otra actividad o negocio. No hace falta invertir, ni producir nada; una simple decisión administrativa milagrosamente multiplica el precio del suelo. Y entonces, ¿por qué estas plusvalías que asombrosamente crea la Administración no son incorporadas a su patrimonio, máxime si estamos hablando de una Administración democrática que, como nos recuerda Hacienda cuando de cobrar se trata, somos todos?, ¿por qué se regalan a unos particulares que nada han hecho para apropiárselas? Ésta es la clave de la corrupción urbanística, su última ratio: una decisión de un organismo público hace que el precio de suelo multiplique su valor instantáneamente. Como cínicamente decía hace poco un concejal de Urbanismo pillado in fraganti en un pueblo de la Comunidad de Madrid, su voto no iba a ser gratuito, y añadía con total desparpajo, que si hay regalos para unos agentes urbanos -que nada han hecho para merecerlo-, él también quería participar.
El urbanismo moderno, el de la sociedad industrial, el único que tenemos y conocemos, se construye con el objetivo central de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, dotándolos de equipamientos, de las infraestructuras que mejoran el hábitat urbano. Eso justifica que la Administración intervenga y regule un sector económico del volumen y la fuerza de la construcción -pese a las reticencias y resistencias que ya en el siglo XIX se oponen-. Pero en el último cuarto del siglo XX estos principios fundacionales se han alterado, se han corrompido: el urbanismo deja de ser fundamentalmente un servicio guiado por el interés de los ciudadanos para transformarse en una potente herramienta al servicio del sector inmobiliario, su desarrollo, crecimiento y enriquecimiento. Si no entendemos este cambio, estaremos condenados a pensar que la corrupción urbanística, como patología social, es resoluble exclusivamente en términos de represión penal. Mientras el urbanismo sea conceptuado y gestionado como una máquina de enriquecimiento, de fomento económico, existirá la corrupción urbanística, porque ese negocio inmobiliario, a diferencia de otros, requiere la intervención de los poderes públicos, o los solares seguirían siendo campos o montes.
La corrupción urbanística no acabará mientras la práctica del urbanismo no recupere lo que fueron sus objetivos fundacionales, hoy abandonados. Los planes han dejado de preocuparse por la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos (¿quién se atreve a plantear hoy una intervención para hacer la ciudad más amable, más acogedora, más vivible?), y han sustituido estos objetivos que fueron los que dieron sentido y vida al urbanismo por otros: por la competitividad, la captación de inversiones, el marketing urbano? El análisis de lo que los anglos llaman key words (palabras claves) en los planes e intervenciones urbanísticas contemporáneos lo confirman plenamente.
Júntense las dos razones expuestas: un urbanismo que ha abandonado sus objetivos, su razón de ser, para ponerse al servicio del sector inmobiliario (el urbanismo a la carta preconizado en la LRAU), y la ausencia de mecanismos que permitan que las plusvalías generadas por las decisiones urbanísticas queden en manos de quien las toma, y la corrupción está servida. Pero no se hable de corrupción urbanística, ni se presente como un problema que deba ser combatido exclusivamente por vía de la represión penal. Estamos ante un proceso de perversión del urbanismo, una evolución que inevitablemente nos aboca a la corrupción inmobiliaria. La corrupción urbanística no es más que la consecuencia de la corrupción del urbanismo.
www.terracritica.org
viernes, 12 de enero de 2007
Alquilar también es un lujo
Isabel Molina Ortiz - Madrid - 12/01/2007
El PaísDespués de dos años compartiendo piso decido que me gustaría vivir sola (¡con 29 años!), aunque eso suponga dedicar casi la mitad de mi sueldo a pagar un alquiler. Encuentro entonces un "estudio" de 40 metros cuadrados por 650 euros al mes y me decido a hacer el esfuerzo. Entonces empieza lo bueno: me dan en la inmobiliaria un modelo de contrato en el que se describe minuciosamente todo lo que conlleva alquilar su piso.
Para empezar, es imprescindible un aval bancario por la cantidad de ocho mensualidades (5.200 euros que debo depositar en el banco como mínimo un año más 15 euros al mes que le pago al banco por hacerme el favor de guardarme mis 5.200 euros, más 50 euros de gastos por el notario que firma el aval), además de un mes de fianza (650 euros) y una mensualidad para la inmobiliaria (650 euros). Esto quiere decir que antes de poder entrar a vivir al maravilloso piso que he encontrado, tengo que tener disponibles 6.730 euros (y soy mileurista). Si uno sigue leyendo el contrato se encuentra con gastos adicionales: debo pagar una parte proporcional de los arreglos que se hagan en la casa (si hay que arreglar el tejado de la vivienda debo pagar por ello, aunque no soy la propietaria), el IBI del piso, los suministros de electricidad, agua y gas, así como los gastos que se ocasionen de contratación y de mantenimiento, debo contratar además un seguro a terceros y, por si fuera poco, el propietario se reserva el derecho de arreglar o no los daños que se produzcan en la casa (gastos que por otra parte vamos a compartir).
En definitiva, después de echar las cuentas decido que a lo mejor no estoy tan mal compartiendo piso, y que, además, lo que yo creía que era un derecho en un país que construye cada año el mismo número de casas que Reino Unido, Alemania y Francia juntas, resulta que no es más que un lujo, y los mileuristas no estamos para lujos.
La vivienda bajará este año
PREVISIONES SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL MERCADO INMOBILIARIO
elperiodico.com• España no es una excepción y el exceso de oferta afectará a los precios
GONZALO Bernardos*
En España, muchos ciudadanos consideran que el mercado de la vivienda es una excepción al comportamiento de las leyes de la oferta y la demanda. Están de acuerdo en que, en otros bienes y activos (como el petróleo, las acciones y los bonos), el precio sube cuando la demanda supera a la oferta y baja en caso contrario. No obstante, según ellos, este comportamiento simétrico no tiene lugar en el mercado residencial.
Para la sabiduría popular, el precio de la vivienda sube tanto cuando la demanda excede a la oferta, como cuando esta supera a aquella. Pero no considera idénticas a ambas situaciones. En la primera, la subida supera a la tasa de inflación del periodo. En la segunda, dicho incremento se sitúa por debajo de la inflación. Ningún manual de Economía refleja la excepcionalidad de dicho comportamiento, pero casi nadie se opone a esa visión de funcionamiento del mercado residencial español.
DISCREPO
de la sabiduría popular. El mercado de la vivienda en España no tiene ninguna característica singular para constituir una excepción de las leyes de oferta y demanda. Debido a ello, el precio de la vivienda baja cuando existe un exceso de oferta y los propietarios y promotores se convencen de que, para tener más posibilidades de venta, deben reducir los precios inicialmente establecidos. Creo que esta situación tendrá lugar en el 2007. En concreto, espero una reducción del precio de aproximadamente un 4%. Y este no será un año excepcional, pues es muy posible que el valor de mercado de las viviendas siga reduciéndose en los próximos.
Mi opinión se sustenta en tres motivos: un elevado estoc de viviendas sin vender; una reducción esperada de la demanda y una gran oferta prevista. El primer aspecto ya lo ve en las calles del país cualquier persona que preste un mínimo de atención a su entorno. Hay una proliferación de propiedades con el cartel "en venta", inexistente en los periodos inmediatamente precedentes. En obra nueva, escasas promociones se venden en su totalidad sobre plano. Y cada vez es más frecuente observar cómo, en el momento de constitución de la correspondiente comunidad de propietarios, más de un 50% de los pisos de la misma aún son del promotor (especialmente en las provincias de Madrid, Málaga y Alicante).
En vivienda usada, principalmente en las ciudades de Barcelona y Madrid, ha crecido espectacularmente el número de pisos que están a la venta desde hace más de un año. Ambas situaciones se observan porque en el 2006, aunque no bajó el precio de la vivienda en España, la absorción de la oferta por parte de la demanda sí que lo hizo de forma sustancial.
En el 2007, la demanda de viviendas sufrirá una significativa reducción. En la realizada por motivo de uso, las principales causas estarán relacionadas con la disminución de la capacidad financiera de las familias y con un menor crecimiento de la ocupación. En el primer caso, el factor clave será la evolución alcista de los tipos de interés. Una previsiblemente moderada desaceleración del PIB en Estados Unidos, unido a la subida del IVA en Alemania (del 16% al 19%) y a la probable confirmación de la recuperación de la demanda interna de su economía, pueden provocar que el euríbor a un año (principal índice hipotecario) alcance el 4,75% este año. El menor vigor del consumo privado (gasto de las familias) y la reducción del número de viviendas iniciadas generarán una inferior creación de empleo. Esta situación retrasará en un número significativo de parejas el cambio de una vivienda de alquiler por otra de propiedad o la emancipación del núcleo familiar original, mediante la adquisición de un piso.
En el caso de la demanda para inversión, el elevado exceso de oferta y la subida prevista de tipos de interés provocarán la reducción de la misma. El primer factor hará prácticamente imposible dar el pase (comprar y vender, obteniendo una elevada plusvalía, sin llegar a escriturar la vivienda). El segundo provocará que muchos inversores patrimonialistas, que destinan el piso adquirido al arrendamiento, ya no puedan pagar la cuota hipotecaria generada por la vivienda comprada con el importe del alquiler recibido. En la actualidad, la demanda por motivo inversión, especialmente la de carácter especulativo, se está trasladando al Este de Europa. Para muchos especuladores, ahora el Eldorado Inmobiliario ya no se encuentra en España, sino en los nuevos países de la UE (Polonia, Hungría, Rumanía).
PREVISIBLEMENTE, en el año 2006 el número de viviendas visadas rozará las 925.000 unidades. Constituirá un récord histórico y más que cuadruplicará el observado en el último año alcista del anterior boom inmobiliario (en 1991 se visaron 210.000 viviendas). Esta elevada oferta responde principalmente a tres causas: las grandes facilidades crediticias otorgadas a los promotores por parte de las entidades financieras (en algunas ocasiones, el importe del crédito cubre el precio del solar y el IVA generado); la creencia de numerosos promotores de que el precio de la vivienda no puede bajar en España; y la entrada en esta actividad de numerosos advenedizos atraídos por los elevados beneficios obtenidos por el sector en años anteriores. Aunque el número de residencias visadas disminuirá en el 2007, las 725.000 nuevas unidades continuarán siendo superiores a la demanda prevista (alrededor de 350.000 viviendas).
Por tanto, si tiene intención de adquirir un piso, tenga paciencia. Mire, compare y, sólo si encuentra una auténtica oportunidad, compre. En caso contrario, espere. Tendrá suficientes oportunidades en los próximos años para encontrar la residencia que desea. En cambio, si ha invertido recientemente en vivienda, no se lo piense dos veces: póngala en venta. Es posible que el próximo año le paguen menos de lo que obtendría en la actualidad.
*Director del máster de Asesoría
y Consultoría Inmobiliaria de la UB.
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